Es cierto que Chile tiene una de las legislaciones más flexibles en la región para que los extranjeros voten: basta con cinco años de avecindamiento. También es cierto que son casi 900 mil las personas extranjeras habilitadas para sufragar, más del 5% del padrón electoral. Lo inesperado es que sea justamente este gobierno el que busque restringir ese derecho.
La mejor forma de ilustrar la relevancia de la fiscalización, es citando al diputado Leiva (PS), tras el escándalo por la liberación del sicario de Meiggs: “No me vengan con más leyes. Aquí todos los instrumentos están.” Lo que falta, simplemente, es voluntad.
Pocos chilenos tienen buenos recuerdos de sus trámites ante notarios o conservadores: precios altos, largas esperas, horarios reducidos y formalidades ficticias (“firmó ante mí”). Pese a su impopularidad, incluso la Convención Constitucional los “ignoró”. Por eso, es útil recordar qué son y qué función cumplen: notarios y conservadores son auxiliares de la administración de justicia, sirviendo como ministros de fe y administradores de registros públicos (incluyendo escrituras, propiedades, derechos de minas, aguas, sociedades, etc.)
El próximo gobierno podrá estrenar una institucionalidad más robusta para nuestra seguridad, pero difícilmente alguien se lo agradecerá al presidente Boric.