Con la misma seguridad con que se anuncian reformas que nunca despegan, insistió en mantener su proyecto “tal cual”, como si la crítica técnica fuera un mero capricho político.
En política, como en la aviación, hay algo peor que una turbulencia: que el piloto decida soltar los controles antes del aterrizaje. Eso parece estar ocurriendo con un Gobierno que, a menos de seis meses de despedirse, parece haberse convencido de que ya aterrizó.
Desde antes de la presentación del proyecto, se advertía la necesidad de contar con certeza en las cifras. La experiencia de los últimos años lo demuestra: proyecciones optimistas que luego deben corregirse, ingresos sobrestimados y gastos subestimados.
La exigencia de control y orden no es sinónimo de represión indiscriminada, ni de desprecio por los derechos humanos; es, simplemente, el reconocimiento de que la convivencia requiere reglas claras y mecanismos efectivos para hacerlas cumplir. Ignorar esto es, como hemos visto, un lujo que los ciudadanos pagan caro.
Un país con un balance incierto, una deuda pública al alza, sin avances concretos en empleo, salud o seguridad, y con un presupuesto que compromete el futuro más que resolver el presente.
Ya hemos vivido la experiencia de ingresos que nunca llegaron y gastos subestimados que después explotan como deudas escondidas. No sería deseable que, en marzo de 2026, la nueva administración se encuentre con sorpresas debajo de la alfombra que pongan en jaque las arcas fiscales. Si queremos una transición ordenada, la sinceridad debe ser la primera partida del presupuesto.
Los incentivos en el sector público solo funcionan si están asociados a resultados medibles y a una gestión eficiente, donde se corrigen los errores. Cuando se convierten en un derecho adquirido, más parecido a un pago rutinario que a una recompensa por mérito, dejan de ser una política de recursos humanos y se transforman en un símbolo de privilegio.
La ironía es que Marcel decide salir justo en la antesala de la presentación del Presupuesto de la Nación, hito clave no solo por su rol institucional, sino también porque será el último de esta administración y el primero que deberá administrar el próximo gobierno.
Si este consenso inédito sobre la necesidad de crecer es algo más que una estrategia electoral, debe traducirse en políticas concretas: incentivos claros a la inversión, más certeza jurídica, reducción de la permisología, fomento al emprendimiento y un Estado que facilite en vez de obstaculizar.
Hoy, en un intento por ampliar su electorado, el Partido Comunista intenta mostrarse razonable, moderado, incluso en favor del crecimiento. Pero no nos confundamos. Las ideas siguen siendo las mismas; lo único que ha cambiado es el libreto para esta etapa de la campaña.