El voto obligatorio reconstruyó la forma, pero no el fondo de la democracia chilena. Amplió la base de participación, pero no la de legitimidad social e institucional.
El riesgo es evidente. Si de manera inmediata no logra producir una mejora clara en seguridad, perderá simultáneamente su principal atributo electoral, la cohesión interna de su sector y el respaldo ciudadano. La seguridad no será un tema más de su administración; será la base de su estabilidad política, la herramienta para evitar un clima de malestar social y la condición habilitante para cualquier agenda adicional que busque impulsar desde La Moneda.
La pregunta de fondo es si tiene sentido mantener un mecanismo voluntario al inicio de un ciclo electoral cuya fase decisiva es obligatoria. El problema no es la herramienta, sino el diseño.
Si se da el escenario de quedar bajo el 38%, el oficialismo no tendrá a quién culpar más que a sí mismo. La ingeniería electoral se ejecutó como manda el manual: primaria para candidato único, lista parlamentaria amplia y aun así no alcanzó. La explicación ya no es técnica ni comunicacional: es política.
Los cambios que Chile necesita en salud dependen de la capacidad de generar consensos amplios que se traduzcan en acción.
El desafío no es legislar más rápido ni acumular más leyes, sino definir cuáles realmente importan. Gobernar no consiste en medir la política por su volumen, sino por su impacto. Porque cuando se confunde cantidad con calidad, la democracia se vuelve un sistema que produce mucho y transforma poco.
Presentar ya no es un trámite, comunicar con impacto todos los días y en todo momento es la nueva forma de ejercer poder.
Cuando los líderes, ejecutivos o profesionales optan por delegar en la IA la escritura de sus posteos, pierden la oportunidad de conectar de verdad con su audiencia.