El vandalismo no es solo desorden público: es daño concreto a una escuela, una micro, una plaza o una estación. Si lo causa un menor sin patrimonio, el derecho ya dispone de una regla básica que necesita implementar: responden quienes tienen a su cargo su cuidado. No como venganza, sino porque educar, vigilar y reparar son dimensiones de una misma responsabilidad.
Quiroz tiene algo de esos personajes que no se preocupan de caer bien porque sospechan que hacerlo es una pérdida de tiempo. Esto no es, desde luego, sinónimo necesario de virtud. Pero en momentos en los que el país parece haber confundido prudencia con inmovilidad y diálogo con postergación, la aspereza del ministro adquiere un raro magnetismo.
Una reforma de esta magnitud no debiera tramitarse como si el solo apuro fuera sinónimo de convicción. Pero tampoco puede confundirse deliberación con dilación ni menos con veto. Más tiempo tiene sentido para producir mejores acuerdos, no como forma elegante de dilatar.
“El problema no es que existan críticas a la gestión comunicacional del Ejecutivo. El problema es que el debate público parece haberse quedado ahí, en la superficie, en el comentario inmediato, en la cuña, en el error amplificado. Y en ese ejercicio, vamos perdiendo de vista lo esencial. Porque es imperativo recordar que, más allá del ruido, lo que este gobierno representa es una oportunidad para Chile”.
Una sociedad madura no es aquella que olvida su historia, pero tampoco aquella que queda prisionera de ella.
La democracia enfrenta una combinación nociva de audiencias no entrenadas para discernir, y comunicadores que han perdido la capacidad —y a ratos la voluntad— de distinguir entre opinión, evidencia e información. En este sentido, el problema continúa siendo profundamente humano.
La desvinculación puede ser justificada y la decisión, difícil. Pero este tipo de decisiones necesitan algo más que convicción para ser ejecutadas.
Con esta actitud, ciertas organizaciones incurren en una doble incoherencia. Por una parte, reproducen la lógica excluyente de ciertos feminismos. Por otra, reducen un problema humano y cultural de enorme densidad a una mera ecuación, como si la transformación de las relaciones entre hombres y mujeres pudiera resolverse por planilla.
Durante años escuchamos al oficialismo afirmar que “la credibilidad de las víctimas” debía ser un principio rector de la política pública. Sin embargo, cuando el caso afectó a una figura central del propio gobierno, ese principio desapareció de escena. La reacción fue tardía, ambigua y marcada por una evidente preocupación por los costos políticos.
El episodio Steinert no revela un problema institucional o jurídico, sino una señal temprana de fragilidad comunicacional en el gobierno entrante.