En definitiva, la pregunta no es si la invariabilidad tributaria, por sí sola, genera inversión. La verdadera interrogante es si un país que depende significativamente de la inversión extranjera puede darse el lujo de prescindir de herramientas que contribuyan a fortalecer la confianza de quienes evalúan invertir en él.
Quizás el verdadero debate no sea si los actos ilícitos deben pagar impuestos, sino si estamos dispuestos a aceptar que el derecho tributario y el juicio moral no siempre avanzan por el mismo camino.
La discusión sigue abierta. La respuesta que entregue el SII y la evaluación que posteriormente realice la Contraloría permitirán determinar si estamos frente a un simple cambio de criterio administrativo o ante una cuestión más profunda: si el ordenamiento jurídico chileno admite, en definitiva, que lo ilícito también pueda ser objeto de tributación.
Para reactivar la economía, el Gobierno apuesta por aliviar cargas tributarias a las empresas. La paradoja: el Estado reconoce que reducir sus propios impuestos es la mejor herramienta para crecer.
Hoy existe una iniciativa legal que busca regular y gravar tributariamente las plataformas de apuestas online, reabriendo la vieja paradoja acerca de si el Estado debe recaudar impuestos provenientes de actividades ilícitas.
A la luz del magro panorama económico con que iniciamos esta semana, nuestra propuesta de invariabilidad tributaria como incentivo a la inversión extranjera atraviesa una “situación difícil en la que no se sabe qué conducta seguir”. En suma, la invariabilidad tributaria chilena se encuentra en una auténtica encrucijada.
El diseño de este beneficio resulta mezquino y está destinado a inversionistas inmobiliarios orientados a arriendos esporádicos y por tiempos limitados, en vez de poder aprovechar la coyuntura y lograr solucionar una demanda social que perfectamente iría en la línea del título del proyecto de ley que espera el desarrollo económico y social del país.
El eje del debate no debería centrarse exclusivamente en la duración de la invariabilidad tributaria, sino en la capacidad del país para ofrecer proyectos rentables y sostenibles en el tiempo.