A tanto llega este anticomunismo interno, que ni medio día duró la idea de Carmona de sumar a la campaña al ex alcalde y último candidato presidencial del partido, Daniel Jadue, aprovechando que ahora que sólo deberá cumplir arresto domiciliario nocturno.
El Presidente ahora quiere convencernos que no sabía que un parlamentario y un ministro no pueden tener negocios con el Estado. Y no sólo porque se ve muy feo, sino porque la Constitución –incluso en la propuesta/mamarracho que él y su sector apoyó- lo prohíbe explícitamente.
Siempre ha manifestado sentirse más a gusto, más cómodo con todo aquello que se acerque a lo público, a lo estatal, como si lo fiscal estuviese dotado de un aura y una esencia llena de bondad, virtuosismo, pureza y, por el contario, lo privado, lo empresarial, la “patronal”, como le gusta decir, fuera lo más parecido a la personificación misma del demonio. El eje del mal.
La Contraloría tiene que seguir con su fiscalización y hacerlo con todas las herramientas necesarias, de la forma más exhaustiva posible, caiga quien caiga, como le gusta tanto decir al presidente Boric. Eso no lo puede cuestionar nadie y no debe haber otra opinión.
¿Nunca hablamos de trabajo con nuestras parejas?, por lo tanto, ¿es creíble pensar que Marcel y Tohá nunca hablaron sobre las declaraciones de Matthei o de alguno de los otros candidatos? ¿Los cuestionamientos de Marcel eran una legítima respuesta a una crítica política o tenían otra intención?
Lo ocurrido esta semana con la reacción del Gobierno frente a la decisión del Ministerio Público de intervenir el teléfono del ex jefe de gabinete presidencial, Miguel Crispi, y el intento de hacerlo con el del presidente Gabriel Boric es de suma preocupación.
No se puede, simplemente no se puede, un día querer ser la encarnación misma de la sensatez si antes se aplaudió y promovió una de las mayores irresponsabilidades y desvaríos de nuestra historia contemporánea.
En pleno 2025 aún tenemos que soportar con asombro que aspirantes a conducir nuestro país sigan reivindicando la dictadura de Pinochet, o que cuestionan los fallos judiciales con los que se logró condenar a los agentes del Estado que planificaron y ejecutaron las vulneraciones a los derechos humanos o que ponen en duda la culpabilidad de ex uniformados que suman un par de centenarios en condenas por la brutalidad de sus crímenes.